Boletín Especial - Un año del 18-O

1) A un año de la revuelta de Chile: El modelo no se toca
2) [Video] A un año del 18-O
3) El incierto y pedregoso camino constituyente

La dictadura cívico militar erigió los pilares de una estructura social, política e ideológica que logró coordinar grandes niveles de acumulación de riquezas, con evidentes alzas en algunos indicadores usuales, como el PIB per cápita. El discurso oficial de los gobiernos posteriores, sumado al incremento del consumo gracias al endeudamiento, la reducción de pobreza y aumento de matrícula en la educación superior, fueron los aspectos que sirven hasta hoy para reforzar los argumentos que sostienen el “modelo chileno”. Muchas de estas interpretaciones, a pesar de haber sido cuestionadas por sus propios autores hace menos de un año, ahora parecieran entrar vigorosamente a la disputa de las ideas.

La incapacidad política para leer la profundidad del problema ha implicado que ni siquiera el salario mínimo pueda ser una política de descompresión. El gobierno ha propuesto un monto irrisorio con el costo de vida. Los $326.500 que están sobre la mesa, apenas alcanzarían para pagar leyes sociales, un arriendo de una habitación, ir y volver al trabajo y un kilo de pan diario. Un mínimo para el capital, que no alcanza para reproducir la vida.

Mientras tanto los grandes grupos económicos de siempre, Luksic, Matte, Saieh, Said, Angelini y Yarur acumulan inversiones desde los fondos de pensiones, que administran las AFP, que superan los US$31 mil millones de dólares. A través de esto, empresas como CCU, SAAM, Quiñenco, ENTEL, BCI, COPEC, CMPC y Celulosa Arauco y Constitución, son algunas de las grandes compañías que se benefician del sistema. 

Al mismo tiempo que se realizan esas millonarias inversiones, la mitad de las mujeres que se jubilaron y recibieron su primera pensión autofinanciada de vejez, en 2019 obtuvo menos de $24.913, esa magra suma, considerando el aporte de la cotización y la rentabilidad ¿Cuánto importa que esta última sea el 70%, del total del ahorro, si no es capaz de financiar un monto de pensión suficiente?

Ante la incapacidad del bloque gobernante para impulsar e implementar soluciones reales a la crisis, han sido las y los trabajadores, junto con sus hogares, quienes han asumido el costo a través de sus seguros de cesantía o sus ahorros previsionales. En este escenario se han conjugado elementos de un desequilibrio sistémico, que no se desarrolla a escala local sino global, y que se materializa fuertemente en el ámbito de los cuidados y la reproducción.

La posible reactivación económica fue posible de la mano de una política resistida por la elite, el retiro del 10% del ahorro previsional. Dejando en evidencia que la mejor política en esta crisis es colocar dinero en el bolsillo de quienes no viven de las rentas del trabajo ajeno; trabajadores/as, pobladores/as, estudiantes, jubilados/as. 

Paradójicamente el mismo pueblo que se movilizó para alertar de los profundos problemas que genera el modelo chileno, es el pueblo que ha pagado los costos de la situación actual, no solo en términos monetarios, sino también humanos.

A las más de 20 personas muertas en el contexto de las manifestaciones, se suman casi 4.000 personas heridas y otras miles privadas de libertad, solo por manifestarse. El carácter antipopular del Estado chileno se manifiesta bajo las condiciones de explotación más exigentes, junto el cierre de espacios democráticos para negociar con el capital y una fuerte dosis de represión. 

Mejorar el vivir actual y asegurar los cambios estructurales necesarios, son dos objetivos que se podrían interpretar de todo lo acá expuesto, pues a los miles de hogares que viven con las insuficiencias mencionadas se suman los miles de sindicatos que no pueden ejercer su verdadera libertad sindical. Con estas trabas estructurales, existe poco margen para seguir resistiendo los embates de una crisis tan aguda. 

Es altamente probable que esta situación esté muy lejos de terminar, más allá de los procesos políticos ya fijados, es fundamental mantener las cuotas de incertidumbre suficientes que permitan pensar en más de un escenario posible, ante una elite que, a un año de las movilizaciones sociales de mayor masividad de las últimas tres décadas, ha dejado en claro que si de ellos depende, el modelo no se toca.

Luego de ello, la revuelta no se hizo esperar. La agitación solo creció, las manifestaciones sumaron adherentes y la vida tal como la conocíamos dejó de ser la misma no solo para quienes estaban directamente involucrados, sino para todo el territorio nacional.

Incrédulamente (al menos en apariencia) la clase política comenzaba a preguntarse qué estaba sucediendo. “No lo vimos venir”, rezaba uno de las frases recurrentes en La Moneda por aquellos días. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, dijo el presidente.

Los números, sin embargo, aquellos que los chilenos y chilenas conocen bien cuando van a comprar pan, cuando toman la micro, cuando les llega la cuenta de la luz, cuando compran bencina o cuando llega el momento de jubilar, decían hace tiempo otra cosa. Solo bastaba tener la voluntad de leerlos correctamente. El 18-O simboliza esa olla a presión que explota cuando no es apagada a tiempo. Hubo cientos de pitidos antes, tal vez miles, en 2016 -por ejemplo- con las multitudinarias marchas que gritaban NO+AFP, pero nada se hizo para que el curso de los acontecimientos fuera diferente.

La escalada siguió, hasta que el 15 de noviembre, el Congreso llegó a un Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, iniciando un proceso que se espera comience este próximo 25 de octubre, en el marco de la pandemia más grande que haya azotado a la humanidad en más de 100 años, bajo la opción del Apruebo.

La idea de construir un pacto social en democracia ha levantado una discusión que hasta hace un año estaba lejos de las prioridades gubernamentales y parlamentarias, y también de la gente; sin embargo, abrió un espacio o un camino en el cual muchas personas han cifrado las esperanzas de una mejor calidad de vida, de una vida digna.

Una nueva constitución para Chile puede significar eso, pero está por verse cómo se dará respuesta a dichas expectativas. El proceso y el resultado son igual de importantes que el plebiscito por el apruebo o rechazo. Lo que viene es tal vez más complejo y arduo, ya que está en manos de la misma clase política -que ha hecho oídos sordos por décadas a las voces que piden cambios estructurales-, la capacidad de democratizar los espacios de discusión, de participación y, por cierto, de redacción de una “hoja en blanco”.

Entonces surgen preguntas como ¿Estará dicha clase política a la altura de esas demandas? ¿Será posible que estos próximos dos años se reconozcan las carencias denunciadas desde hace 30? Esta por verse. Lo seguro es que, si aquello no sucede, el conflicto seguirá presente y no sabemos en qué dimensiones.

Por ello es importante estar observando y presionando sobre el acontecer de discusiones paralelas (e importantísimas) como la del salario mínimo o la reforma al sistema de pensiones. Es crucial atender también las señales que se van dando en este sentido, toda vez que la crisis que están viviendo las familias chilenas -la cual se ha acentuado a raíz de la pandemia- requiere también de una atención pronta. 

A lo anterior se suma el creciente número de personas que se encuentran en prisión preventiva solo por manifestarse, las víctimas de traumas oculares, de torturas, la militarización de las calles y la arremetida en las poblaciones, la cual no ha cesado incluso en los días más duros de la cuarentena. 

Las personas necesitan un buen vivir, necesitan descansar de las rifas para pagar enfermedades, o dejar de tener miedo de acercarse a la edad de jubilación pensando cómo mantener su trabajo o generar uno nuevo, o endeudarse para estudiar, para vestirse, para comer. Es de esperar que este proceso constituyente logre el cometido para el que nos dijeron fue levantado, de lo contrario solo se estará (nuevamente) metiendo la basura debajo de la alfombra y ganando tiempo para que los mismos de siempre acumulen un poco más a costa de quienes han colmado las calles desde octubre de 2019.