Columna de opinión publicada en CNN Chile el 15 de diciembre 2023 

Por María José Azócar, investigadora Fundación SOL

La investigadora de la Fundación SOL reflexiona sobre la insuficiencia del salario mínimo para sacar a los hogares de la pobreza, con énfasis en cómo las decisiones económicas estructurales han perpetuado las desigualdades: "Hoy el salario mínimo en Chile es tan bajo que ni siquiera garantiza que un hogar promedio en Chile pueda sobrevivir con una alimentación de 2.000 kilocalorías diarias", señala.

Toda la evidencia nos dice que la crisis climática irá acelerándose y que, por ejemplo, están las condiciones dadas para que este verano ocurran megaincendios en las ciudades del país con un alto porcentaje de monocultivo forestal. Si la evidencia nos dice que los megaincendios son inminentes, ¿qué decisiones se están tomando hoy para evitar una catástrofe en el futuro? Aquí es relevante decir que esas decisiones no pasan simplemente por dar una respuesta en el corto plazo (por ejemplo, hacer mantención a las líneas de alta tensión), sino de transformar en el largo plazo los problemas estructurales que causan la crisis climática y que, para el caso específico de los incendios, se relacionan, por ejemplo, con la alta concentración de propiedad detrás del negocio forestal y la lógica extractiva de las decisiones que se toman por parte de esas empresas.

Como la crisis climática, hay otras crisis que hoy estamos viviendo y que requieren de soluciones en el corto y largo plazo. En esta columna, queremos enfocarnos específicamente en la crisis de salarios para reflexionar sobre las limitaciones de las soluciones que se han dado, pues como veremos, estas propuestas han hecho bien poco en transformar las condiciones sociales que han creado una sociedad que necesita de trabajadores pobres para funcionar.

En los últimos 30 años, solo en siete ocasiones el salario mínimo ha superado el 5% de reajuste real (esto es, salario corregido por inflación) y, de esas siete veces, seis se dieron durante los años 90. El salario mínimo es una política central en materia económica porque, entre otras cosas, tiene un efecto faro en la economía dado que “ilumina la ruta” para que el resto de los salarios también se incrementen.

Al día de hoy, el salario mínimo líquido es de $373.796. Si consideramos que, en promedio, un hogar en Chile está constituido por tres personas y que la línea de la pobreza para este tipo de hogares está fijada en $490.281 (datos al mes de octubre) entonces, la situación actual es que el salario mínimo no está sacando de la pobreza a un hogar promedio en Chile. Es importante aclarar que la línea de la pobreza se define en función de una canasta de consumo y esta canasta, permite entre otras cosas, el consumo de 2.000 kilocalorías diarias. Visto así, hoy el salario mínimo en Chile es tan bajo que ni siquiera garantiza que un hogar promedio en Chile pueda sobrevivir con una alimentación de 2.000 kilocalorías diarias. 

Como la pobreza es un fenómeno que se relaciona con múltiples jerarquías de poder, hay grupos específicos de la clase trabajadora que tienen más probabilidad de encontrarse en una situación de pobreza. Por ejemplo, la mitad de las personas que trabajan remuneradamente en la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca recibe un ingreso menor a $400.000 (líquidos) y como se ha documentado (ver, por ejemplo, el conocimiento levantado desde Anamuri), esta rama de la economía en los últimos 20 años ha vivido un acelerado proceso de feminización. Esta información nos demuestra que vivimos en una sociedad que explota a las personas que nos provisionan de alimentación para vivir y, además, esa explotación se interconecta con jerarquías de género que terminan precarizando con especial fuerza a mujeres trabajadoras. ¿Qué medidas se están tomando hoy para intervenir en esta catástrofe?

En los últimos treinta años, el Estado ha tomado dos principales medidas respecto a la crisis salarial. Primero, facilitó el acceso masivo al crédito. Esto ha significado que hoy más del 70% de los hogares en Chile está endeudado y casi 5 millones de personas se encuentren en una situación de deuda morosa.

Segundo, el Estado ha entregado subsidios y bonos directos a los hogares. Este gasto fiscal se ha sostenido sobre un sistema tributario regresivo, es decir, sobre un sistema que está diseñado para que el 0,01% de más ingresos tenga una tasa efectiva de impuestos más baja en comparación al 50% más pobre.

Lo que nos dice toda esta información es que la mantención de salarios bajos en Chile (y el obligatorio endeudamiento que esto conlleva) le ha permitido acumular más riqueza a quienes prestan dinero (por ejemplo, bancos y casas comerciales) y que ha sido la clase trabajadora la que ha financiado los subsidios y bonos estatales que les permiten llegar a fin de mes. En otras palabras, el endeudamiento obligado y las transferencias directas han sido los principales mecanismos del Estado para mantener un modelo económico constitutivamente injusto que se ancla en procesos que hacen posible la acumulación de riqueza a costa del empobrecimiento de la clase trabajadora.

En momentos en que discursos sobre la “libertad” están a la orden del día, vale la pena recordar que en el pasado se usaron precisamente las falsas promesas de la libertad para justificar las políticas de privatización (el mercado es más eficiente que el Estado) y las transferencias directas a los hogares (la pobreza es un asunto individual) que poco han hecho para mejorar sustancialmente la vida de la clase trabajadora en Chile.

Posiciones de extrema derecha comprenden al mercado como un espacio de florecimiento personal que “revela” preferencias personales. Desde esta perspectiva, problemas sociales estructurales (crisis climática, crisis salarial) se simplifican como asuntos individuales y vinculados a teorías de la conspiración (confabulaciones de “falsos chilenos” que provocan incendios o de una “casta gobernante” que malgasta los dineros públicos). Con estas simplificaciones, asuntos urgentes (como la realidad de vivir en una sociedad con trabajadores pobres) quedan desanclados de discusiones macro sobre las relaciones de poder que constituyen a la sociedad. De esta forma, cuando se habla de pobreza, las extremas derechas quedan en completo silencio respecto al rol que cumplen los sindicatos para impulsar negociaciones colectivas, de las desigualdades de género que definen qué trabajos queremos, reconocemos y valoramos, o del papel que cumplen instituciones colectivas para asegurar las necesidades básicas para la reproducción de la vida (por ejemplo, salud, educación, pensiones, vivienda).

Hoy, toda la evidencia nos dice que si mantenemos las cosas como están, será inevitable la catástrofe de vivir en una sociedad con megaincendios y con trabajadores pobres. Ante esto, se nos hace urgente presionar por intervenciones en el presente para cambiar el futuro. Intervenciones que, por una parte, mitiguen el dolor en el corto plazo; y, por otra parte, consigan transformar las relaciones desiguales de poder que cruzan a la sociedad y a los mercados.