En los últimos 89 meses (trimestre enero-marzo 2010 y junio-agosto 2017), la ocupación ha aumentado en 1.332.040 personas, de las cuales solo el 27,2% corresponde a asalariados contratados directamente, un 36,2% a trabajadores por cuenta propia y un 32,8% de asalariados externos (subcontratados, por suministro de trabajadores y enganche). Al agregar la variación del familiar no remunerado (0,3 %), se puede plantear que el 69,3% de la variación del empleo de los últimos 89 meses corresponde a empleos con alta probabilidad de ser precarios y desprotegidos.
En este sentido, para el trimestre junio-agosto 2017, la investigación señala que el 53,2% de los ocupados están protegidos por el Código del Trabajo, y el 6,5% por el Estatuto Administrativo del Sector Público. “Esto significa que el 40,3% de los ocupados no está asociado a ninguna legislación laboral (privada o pública) y, por lo tanto, sin posibilidades de protegerse legalmente, así como tampoco de ejercer los derechos colectivos del trabajo, tales como sindicalizarse, negociar colectivamente o realizar una huelga”.