Lo prometido es deuda: el rescate crediticio en el peor escenario para la clase media
Publicado en Diario Uchile el 7 de julio de 2020

Un préstamo de hasta 2 millones 600 mil pesos es la última carta del Gobierno con el sector más grueso de la población. Sin embargo, “no están mirando que el 60 por ciento de los trabajadores gana menos de 550 mil pesos líquidos”, aseguró a nuestro medio el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez.

Publicado en Diario Uchile el 7 de julio de 2020.
Escrito por Eduardo Andrade.

Una nueva propuesta de apoyo, pero que no rompe la estrategia acostumbrada. Para diversos analistas, el Gobierno sigue evitando comprometer -a poco más de tres meses de crisis sanitaria- un monto tangible que otorgue liquidez a uno de los grupos que mayor fragilidad ha mostrado en la pandemia: la llamada clase media.

Desde propuestas más generales como la ley de protección del empleo, hasta casos particulares como la ayuda a los trabajadores independientes, la liquidez no ha sido una ayuda proveniente de los fondos del Estado, sino más bien un monto que parcha la herida hoy, pero pareciera generar incertidumbre en el mañana.

El último anuncio de este tipo tiene que ver con un paquete de medidas presentadas el domingo por el presidente Sebastián Piñera, y que según el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, aunque generarán ingresos en primera instancia, acrecentarán también uno de los problemas más notorios de la clase media en los últimos años: el endeudamiento.

 

Así, en conversación con nuestro medio, Gálvez criticó el hecho de que, a estas alturas del partido y con toda la presión ciudadana encima contenida desde el estallido social de octubre, el Gobierno siga evitando pensar en una renta básica universal como estrategia concreta de apoyo.

“Este paquete tenemos que entenderlo como algo que viene a consolidar una estrategia del Gobierno. Luego de esto, vamos a seguir viendo estrategias más restringidas todavía. Si este era el beneficio que el Gobierno tenía pensado para la clase media, es interesante ver como siguen teniendo la idea de una clase media acotada a ciertos sectores. No está mirando que hoy el 60 por ciento de trabajadores en Chile gana menos de 550 mil pesos líquidos”, explicó el investigador.

En concreto, la propuesta del Gobierno considera un préstamo de hasta 2 millones 600 mil pesos, que incluye un año de gracia y tres de amortización. Esto sumado también a una postergación de hasta seis meses de los créditos hipotecarios y la ampliación del subsidio de arriendo y del Crédito con Aval del Estado (CAE).


Este anuncio, además, se produjo a horas de que un informe del Banco Central revelase que la deuda total de los hogares del país alcanzó un 75,4 por ciento de sus ingresos, cifra en la que incide directamente el aumento de los préstamos bancarios hipotecarios.

Por tal motivo, para el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, las medidas anunciadas por el Gobierno deberían hoy más que nunca evitar situaciones de endeudamiento a futuro.

“Aún no hay una medida clave respecto de la responsabilidad que pudiera el Estado asumir con algún subsidio o bono que le entregara a este sector que quiere favorecer. La clase media es tan poco diferenciable de los pobres y está lejos de los ricos. El Estado está dejando soluciones que otros países han adoptado, como dar un bono a los sectores de ingresos medios para poder resolver sus problemas”, indicó.


Pero, ¿cómo cómo entender el escenario actual del endeudamiento en el país y por qué significa un riesgo que el Gobierno tendría que observar antes de lanzar esta propuesta?

Según la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, Lorena Pérez Roa, se trata de un problema profundo, transversal y desigual, que ha ido cambiando a lo largo de los años y que ya no es generado por la cantidad de tarjetas de crédito a las que un ciudadano puede acceder sino -tal cual indica el Banco Central- por el nivel y la carga financiera de los hogares frente a esa deuda.

Además, para Roa, otro de los factores particulares de la deuda en los últimos diez años son los índices de morosidad. “En Chile eran limitados; sin embargo, ha habido un aumento en la morosidad, y una transversalidad explicada en signos como la morosidad de los migrantes o de las mujeres, datos que nos muestran como esto está afectando a todos, pero que precariza aún más a las poblaciones más desiguales”, agregó.

En dicho contexto, un crédito de consumo, según la investigadora, funciona aparentemente bien cuando un salario no necesariamente me permite responder a todas las necesidades básicas. Sin embargo, considerando el estancamiento salarial de los últimos años y el alza en el costo de vida en Chile, la estrategia aplicada por el Gobierno podría nuevamente poner en jaque a las familias de la clase media.

“Está corriéndose mucho la cerca con la misma persona a la cual el sistema le ha afectado particularmente en un país tan desigual. Es decir, estás endeudando aún más a gente que ya no tiene como soportarlo, que no tiene a quien pedirle ayuda, estás dejando que la gente se vuelva a tirar a la piscina sobre todo en un contexto post estallido”, enfatizó.

Lorena Pérez.

Estos aspectos, para la economista y académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Claudia Martínez, aunque importantes de considerar, deben ser analizados una vez el proyecto sea presentado formalmente,  dado que “lo que se ha anunciado es que serían créditos blandos, esto significa que son sin interés, que tienen un año de gracia y que se pagarían contingentes al ingreso. A su vez, esto debiese significar que, si la persona que lo pidió ya no puede pagarlo, el crédito se condonaría”, resaltó.

Si es que estas condiciones llegasen a cumplirse, para Martínez, la medida podría ser, tal como lo mencionó el Presidente Sebastián Piñera, una opción más favorable antes otras que van en la misma línea de generar liquidez, como es el caso de los retiros del diez por ciento de los ahorros previsionales.

Esto último, según indicó la economista, genera un costo más grave a futuro, que será saldado con la reducción de las pensiones; mientras que, en el caso de los créditos blandos, la posibilidad de beneficiar a la clase media radicará en las condiciones de pago que se puedan negociar en el Parlamento.