Fin a las AFP y al Decreto Ley 3500 o dejar que las jubilaciones de los chilenos se pierdan en medio de la recesión económica mundial
Publicado en El Ciudadano el 5 de mayo de 2020.

En las próximas semanas, uno de los enclaves del modelo neoliberal arraigado en la Constitución, será ofrecido a discusión en el Senado. Se trata de terminar con las actuales AFP derogando el Decreto Ley 3500 creado un 13 de noviembre de 1980. En su reemplazo se propone crear el Instituto de Seguridad Social de Chile. La presión social de la ciudadanía movilizada será clave, pues todo indica que la derecha alegará su inconstitucionalidad.

Publicado en El Ciudadano el 5 de mayo de 2020.
Escrito por Bruno Sommer.

Las AFPs tienen sus días contados, pero no será fácil. Una iniciativa de la Coordinadora NO+AFP y con respaldo de un grupo de parlamentarios,  presentará un proyecto de Ley al Senado de la República de Chile para  eliminar el sistema actual , y proponer uno nuevo, más solidario, en su reemplazo.

La presentación de la iniciativa se hace en el marco de una recesión económica mundial que ya estaba anunciada para el año 2020 y que se ha visto acelerada por la aparición del virus Covid-19.

Cabe recordar que para la anterior crisis económica mundial ocurrida el año 2008, los trabajadores chilenos terminaron perdiendo en su conjunto una suma de 45.120 millones de dólares (40 % de perdida del ahorro acumulado). Esto se produce pues lo que hace el sistema privado de pensiones es invertir los dineros de los chilen@s en el extranjero, en mercados altamente especulativos, y que pueden experimentar crisis como la actual.

Así, la historia se está repitiendo,  y hay quienes quieren tapar el Sol con un dedo. Ya hay varios casos de ahorrantes que han ido a revisar sus cartolas pasadas algunas semanas del estallido del Covid-19 y los resultados son perdidas de sus ahorros, aún estando en el fondo más conservador el E.

Hay que  tomar una medida en corto, si el proyecto es declarado inconstitucional por tener origen parlamentario y no presidencial, es el Presidente quien debe recoger esta iniciativa y enviarla con Urgencia al parlamento.   Está por verse si las máximas autoridades de Chile, están esta vez por terminar con las AFPs o dejarán que el dinero de las jubilaciones se pierda, una vez más, en un “agujero negro”. 

El Proyecto de Ley


Con el respaldo de   los senadores Alejandro Navarro (PRO), Juan Ignacio Latorre (RD), Alfonso De Urresti (PS), junto a las senadoras Yasna Provoste (DC) y Ximena Órdenes (IND), se presentará en sala  un Proyecto de Ley para derogar el Decreto de ley 3500, nacionalizar los ahorros obligatorios, que administran las AFP,  y traspasar las funciones que realiza la Superintendencia de Pensiones, las del Instituto de Previsión Social, y del Instituto de Seguridad laboral al Nuevo Instituto de Seguridad Social de Chile, que creará el Sistema de Pensiones Solidarias (SIPENSOL) y la Pensión Básica Universal (PBU).

Se espera que el proyecto ingrese a sala para discutir su admisibilidad la semana entrante. Aquellos que lo voten como admisible, darán cuenta de que como Senadores de la República presentan interés en debatir en la temática pues hay un problema de fondo no resuelto, quienes se nieguen, o abstengan, pasarán a la historia como Senadores preocupados de defender los intereses de el 1% más rico del país y del mundo.

Cabe destacar, tal como indica el preámbulo del Proyecto de Ley que “Entre los años 1980 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias; en 2018, dieciocho países ( 375.451.132 millones de personas )  habían revertido las privatizaciones” ello después de entender las consecuencias que tiene para los ahorros una crisis económica.

Algunos países que revirtieron la privatización fueron “Argentina (2008), Eslovaquia (2008), Estonia, Letonia y Lituania (2009), Estado Plurinacional de Bolivia (2009), Hungría (2010), Croacia y Macedonia (2011), Polonia (2011), Federación de Rusia (2012), Kazajstán (2013), República Checa (2016) y Rumania (2017)”

La Senadora Yasna Provoste, fue clara “si hoy estamos acá un grupo de parlamentarios presentando la derogación del Decreto 3500, es por la convicción y la fuerza de la ciudadanía a través de organizaciones como No + AFP, el Foro Económico Social y la Fundación Sol, entre tantos otros. El 60% de los países que desde los años 80 privatizaron el sistema de pensiones, han revertido esa decisión, por lo tanto, lo que planteamos con este proyecto de ley es en consistencia y concordancia con lo que la ciudadanía espera de un parlamento, que de cara al país dé este debate”.

Dato duro y resultados AFP

A la fecha los datos duros indican que el experimento de la privatización de las pensiones ha fracasado. Entidades como la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) han realizado sendas recomendaciones a Chile.

Como señala el Proyecto de Ley “Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron, y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones.”

Según los  datos de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre de 2019, el 50% de las 985 mil personas jubiladas que recibieron una pensión de vejez, obtuvieron menos de $202 mil ($145 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor a $310.560, vale decir, menor al Salario Mínimo vigente.


Las cifras son escandalosas, pero aún peor, es que un porcentaje no menor de los ahorros (cerca al 20 %) , van a parar a manos de los principales grupos económicos del país ligados a la banca. Nuestros ahorros pueden terminar siendo prestados a nosotros mismos con altos intereses para un crédito de consumo o hipotecario, entre otros.

Según una nueva actualización del estudio de Fundación SOL “¿AFP para quién?: Dónde se invierten los Fondos de Pensiones en Chile”,  “El Banco de Chile, perteneciente al Grupo Luksic, es la institución financiera que recibe la inversión más alta con US$6.714 millones. Lo sigue el Banco Santander que acumula US$6.276 millones, el Banco Scotiabank (Grupo Said) con una inversión de US$5.414 millones, el Banco Itaú-Corpbanca (Grupo Saieh), con US$5.394 millones y el Banco de Crédito e Inversiones controlado por el Grupo Yarur, con US$5.008 millones”.

Recaredo Gálvez, investigador de Fundación SOL y uno de los autores del estudio, explicó que este trabajo revela quiénes han sido los verdaderos beneficiados con el sistema de las AFP: “Este modelo previsional deja dos grandes ganadores, por un lado, las AFP, que en el año 2019 aumentaron sus utilidades en un 59% respecto al 2018 y, por otro, los grandes grupos económicos que operan en Chile, los cuales reciben financiamiento fresco desde los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras”.

Finalmente las proyecciones son nefastas. De continuar con el actual sistema del total de la población adulta mayor, el grupo cubierto por una pensión contributiva se reduciría de 65% en la actualidad a alrededor de 50% en 2020, y que alrededor de un 60% de los pensionados del sistema de AFP obtendrá una pensión igual o inferior a la pensión mínima garantizada por el Estado.

El Fake News de la Expropiación y trabas Constitucionales a un Nuevo Sistema de Jubilación

Andrés Allamand ha lanzado una furiosa campaña pagando en Redes Sociales, para desprestigiar con mentiras el proyecto de Ley que busca derogar el Decreto de Ley 3500 y poner punto final a las AFP, idea que Alejandro Navarro ha llevado al Senado tras la iniciativa del movimiento social chileno NO+AFP.

La publicidad pagada en Facebook por Andrés Allamand señala que el “Proyecto AFP de senador Navarro y otros expropia fondos de trabajadores, perjudica el empleo cuando está en mayor riesgo y con, suprema demagogia, promete beneficios que NO se pueden cumplir. ¡Después reclaman desprestigio del Congreso!» .

Navarro ha contestado expresando que  “Allamand nos acusa de querer expropiar, de querer arrebatarle el dinero a los trabajadores; lo que todo Chile sabe que es una mentira, una Fake News, pues queremos proteger el dinero de los trabajadores, queremos evitar que sigan perdiendo cientos de miles de millones por la mala administración de las AFP, queremos que no se sigan enriqueciendo los más ricos con el dinero de los trabajadores, queremos un sistema solidario y de reparto, y por ello hemos presentado un Proyecto de Ley para iniciar un debate en el Senado”.

El abogado, Mauricio Daza, ahondando en la discusión ha dicho “ Habrá  cuestionamientos de quienes defienden el sistema, que no solo están en la coalición del gobierno sino también en algunos sectores de la oposición. Su argumento es que se estaría entre comillas expropiando los fondos de los trabajadores, y esto haciendo referencia al principal atributo que los defensores del sistema le asignan que es que los cotizantes serían dueños de estas cuentas individuales administradas por las AFP. Lo que es un volador de luces porque esa propiedad la verdad no les permite a las personas que son titulares de esas cuentas el poder disponer libremente de esos fondos, ni siquiera disponer mínimamente de ellos”.


Abogado Mauricio Daza

Daza agregó que hoy, la  única  posibilidad que tienen los ahorrantes “es una vez que llegan a la edad de jubilar es utilizar el ahorro de dos formas, la primera a través de un sistema de retiro programado, esto es que la misma AFP mantienen los dineros y se va pagando la jubilación de manera progresiva, y por otra parte está la posibilidad de entregar todos estos dineros a una compañía de seguros la que se hace propietaria de estos y que hace pago mensual de una suma ya conocida de antemano a partir del sistema denominado renta vitalicia. Pero la posibilidad e que la persona pueda disponer de sus fondos libremente y hacer una mejor inversión ,por ejemplo, en un inmueble , que le otorgue un ingreso mensual superior, no es algo que se pueda hacer hoy. Tampoco se puede hacer uso de esos dineros para una situación critica como una enfermedad que viva la persona que se supone es dueña de los fondos. Por lo que esa propiedad en manos de las personas de la que se habla es mas bien una etiqueta y no un derecho de dominio en forma”.

Daza aclaró que “El proyecto no expropia, lo que hace es nacionalizar. ¿Qué significa?. Significa que  esos dineros van a ir de esas empresa privadas al Estado. Y esos dineros van a ser administrados por una entidad pública que se denomina Instituto de Seguridad Social de Chile. Por lo tanto el cuestionamiento de expropiación, es engañoso, el derecho de propiedad hoy es una quimera”.

Para el abogado si bien el argumento de la expropiación será expuesto, el principal problema sigue siendo la Constitución del 80.  “Hay una cuestión formal, y que se vincula con limitaciones que establece la Constitución del año 80 y que se vinculan a que ciertos asuntos que solo pueden ser legislados a partir de una iniciativa del Presidente de la República. Y dentro de estas materias se encuentra aquellas vinculadas con establecer o modificar normas sobre seguridad social o que incidan ella, tanto en el sector público como en el privado”.

“Lo que ha ocurrido en las últimas décadas no solo con Sebastián Piñera, si no con las distintas presidencias de la Concertación y de la Nueva Mayoría es que lejos de enviar proyectos de Ley para poder modificar o suprimir este sistema de pensiones, ha sido profundizarlo. Me atrevo a sostener que La redacción original del decreto de Ley 3500, que vio luz en plena dictadura, es más beneficioso que el actualmente vigente y esto producto de modificaciones de los gobiernos de las últimas décadas”.

Finalmente Daza señaló a El Ciudadano que “Más allá del destino del proyecto, es relevante se haga este tipo de presentaciones, pues lo que hace es poner el tema sobre la mesa, además señalar una propuesta concreta y alternativa al sistema actual, y hace patente ante toda nuestra sociedad, que la discusión Constitucional, no es algo que no importe, como pretenden sostener la personas de la campaña del denominado rechazo. Sino, que es algo fundamental que puede cambiar de manera importante la vida de las personas, ya que el régimen de pensiones en Chile hoy no se puede modificar pues hay ataduras desde la redacción original de la Constitución del 80. Por tanto esto reafirma la necesidad de que tengamos una Nueva Constitución y que esa sea redactada en forma participativa, por representantes genuinos de nuestra sociedad, y que a partir de ello se fijen reglas que vayan en beneficio del interés general de gran parte de los ciudadanos de nuestro país, por sobre el interés particular de los poderes económicos y que en la práctica gestionan el interés publico en Chile”.