El estallido social nos obliga a encarar profundos debates políticos; los diagnósticos ya se han hecho y los pueblos construyeron su pliego de demandas, escapar de las lógicas de acumulación del capital es urgente y desmercantilizar la vida necesario para ese objetivo; como gritan las calles de Chile “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Es cierto que las condiciones materiales de bajos salarios, privatización de los derechos sociales, sobreendeudamiento vienen desde hace décadas, pero se necesitó una mecha. Los expertos nos explican que parte del malestar se debe al descontento de la supuesta “clase media” y de las dificultades del ascenso social, piedras angulares del proceso de modernización capitalista que tenemos.
La construcción de la retórica de rescatarlo como ejemplo en América Latina obedece a un espacio geopolítico relevante: en un continente tendiente a la movilización social, altamente desigual, es importante mantener un ejemplo de política económica neoliberal “exitoso”.
«No son 30 pesos, son 30 años» dice una de las frases más citadas para explicar el estallido social en Chile. La crisis no se explica solo en el aumento de transporte, sino en la suma agobiante de endeudamiento de los hogares, la alta morosidad y los bajos salarios, la pésima distribución de la riqueza.
La elite estiró el elástico, porque hasta el momento le había resultado y querían ir por más (las reformas tributaria y de pensiones de Piñera). No había ninguna fuerza que contrarrestara el cumplimiento de su ley natural: acumular por acumular. Para qué hacer algo distinto si el pueblo estaba sobreviviendo y consumiendo en cuotas.
Entre las medidas propuestas por el superintendente hacia el año 2020 está, por ejemplo, el permitir la inversión de los fondos de pensión en oro, excluir la inversión en infraestructura extranjera del cálculo de los límites de inversión en renta variable y permitir la inversión en fondos no regulados Hedge Funds, entre otras.