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Cambios en el sistema privado de pensiones en Chile: un «Mercedes Benz» que no termina de arrancar

Un manifestantes muestra una pancarta en una manifestación contra el sistema de pensiones de Chile.  Fotografía: GONZALO ROBERT

El congreso chileno aprueba la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno de Sebastián Piñera, que aumenta en un 6% las cotizaciones. 

Publicado por Eldiario.es el 31 de enero, 2020

Don Arturo sonríe, acaba de jubilarse. Hace justo cuarenta años que comenzó a cotizar y cumplió hace poco los 65, la edad de retiro para los hombres en Chile. Sin embargo, sigue acudiendo puntual a su puesto en la conserjería de un edificio del barrio de Las Condes, en Santiago. Él vive mucho más alejado de la cordillera, en los confines de la línea cuatro de metro, y cuenta con pesar que la pensión de jubilación que recibe es tan baja que no puede dejar de trabajar.

Con su sueldo y la renta de jubilación, ahora su familia con un hijo con discapacidad a cargo, puede vivir mejor. «Soy un poquito privilegiado», vuelve a sonreír don Arturo, aunque reconoce que si los exámenes que lleva haciéndose desde hace unos meses dan positivo y efectivamente ese bulto en la próstata es un cáncer, no sabe cómo va a enfrentarse a los gastos de una sanidad privatizada.

Desde el comienzo del estallido social más violento que recuerda la democracia chilena, las demandas de mejores pensiones copan las reclamaciones de los manifestantes que cada viernes abarrotan la renombrada Plaza Dignidad, antigua Plaza Italia. Una prioridad que desde el mes de enero se ha convertido por primera vez en la más urgente, según la última Encuesta del Centro de Estudios Públicos(CEP), ganando además transversalidad entre los diferentes grupos de edad.

«Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores», reconocía el presidente, Sebastián Piñera, cuando estaban a punto de cumplirse tres meses de revueltas en las calles. En esa rueda de prensa anunció un paquete de reformas al criticado sistema de pensiones, estrictamente privatizado y basado en la capitalización individual, es decir, que la pensión depende del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral.

Su reforma acaba de ser aprobada en el Congreso, y queda pendiente de ser enmendada y ratificada por el Senado, lo que podría ocurrir en marzo. Consiste en aumentar de un 10 a un 16% la cotización de los trabajadores, un ahorro que catalizan las administradoras de fondos de pensiones, conocidas por sus siglas AFP.

De ese aumento, un 3% deberá ser abonado por el empleador, que actualmente no aporta nada a la cuenta individual del trabajador. Y el otro 3%, que también correrá a cuenta de la empresa pero con el apoyo inicial del Estado, irá a parar a un Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, un elemento extraído de los sistemas de reparto. Otro aspecto destacable es que desde la puesta en marcha de este sistema en los años ochenta, el dictador Augusto Pinochet reservó un sistema de reparto, subvencionado por el Estado, para las pensiones de los jubilados del Ejército y las fuerzas de seguridad.

Don Arturo acaba de jubilarse, sin embargo, sigue trabajando como conserje en un barrio de clase alta en Santiago por lo baja que es la pensión. Fotografía: MARTA MAROTO

Un chasis de lujo que mantienen los trabajadores

El modelo actual de pensiones se puso en funcionamiento en 1981 bajo el laboratorio neoliberal de la dictadura de Pinochet y la batuta del entonces ministro de Trabajo José Piñera, hermano del actual presidente. Su éxito inicial, con ganancias que superaban el 10% anual durante su primera década de vida, hizo que fuera alabado y replicado en otras partes del mundo, especialmente por los defensores del neoliberalismo.

Sin embargo, pronto dejó entrever sus deficiencias, con un notable empobrecimiento de los más mayores. El descontento estalló en protestas masivas en 2016 y el padre de las AFP salió en televisión a defender su modelo: «El sistema es como un Mercedes Benz. Es un auto bien hecho, es sofisticado, lleno de seguridad, pero hasta a los Mercedes Benz hay que echarles bencina —combustible— para que ande». La gasolina del coche de lujo son los miles de millones de ahorro forzoso de los trabajadores chilenos.

Manifestantes atacan la sede de ProVida, una de las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) en Chile. Fotografía: GONZALO ROBERT

«Transferimos humanidad, fuerza de trabajo acumulado para el financiamiento de naciones muy desarrolladas comparadas con nosotros», apunta el portavoz de la plataforma No + AFP, Luis Mesina. El movimiento No + AFP lleva años denunciando las «pensiones miserables» en Chile. Mesina es uno de los pocos dirigentes que puede seguir acudiendo a las protestas sin ser vilipendiado por los manifestantes, cuyo clamor se ha venido caracterizando por su carácter destituyente y de desprecio a toda representación que intenta capitalizar el malestar general.

En aquella entrevista, José Piñera señaló otro aspecto con el que sí coincide Mesina: puede haber sido muy criticado el sistema de pensiones, pero ningún gobierno democrático se ha atrevido a reformarlo. Michelle Bachelet logró en 2008 añadir un pilar solidario para aquellas personas que no habían cotizado o no habían ahorrado lo suficiente.

Luis Mesina, portavoz de No + AFP, en la sede de la plataforma en el centro de Santiago. Fotografía: MARTA MAROTO

El sistema de pensiones que mueve la economía

En sus orígenes se llegó a prometer una tasa de reemplazo de hasta el 70% y 80% sobre el último sueldo. Sin embargo, a día de hoy apenas asciende al 20%, contando además con ayuda estatal. Esto significa que la pensión contributiva media de la mitad de los trabajadores jubilados apenas supera los 200 euros al mes, según datos de la Fundación Sol a noviembre de 2019. En el caso de las mujeres, acostumbradas a un mercado laboral más precario, la pensión media es de 134 euros.

Don Arturo, al encontrarse en el tramo más alto de años cotizados, percibe una pensión de 314.000 pesos, algo más de 366 euros. Esta cantidad también se sitúa por encima del sueldo mínimo actual, en 301.000 pesos chilenos, unos 352 euros.

El modelo de pensiones chileno se asienta sobre las administradoras de fondos de pensiones, conocidas por sus siglas AFP, sociedades anónimas que reciben ese ahorro obligatorio, que asciende a una cotización del 10% del sueldo. Además, los trabajadores deben abonar una comisión que oscila entre el 0,6% y el 1,2% y que va destinado a la gestión y beneficio de la empresa.


Manifestantes muestras pancartas contra el sistema de pensiones en Chile. Fotografía: GONZALO ROBERT

Actualmente hay siete AFP a elegir dónde colocar estos ahorros obligatorios. Entre todas administran una cantidad que alcanza los 215.000 millones de dólares (194.000 millones de euros), lo que supone el 75% del PIB chileno. Y se llegaría a la totalidad de la economía chilena si a estos fondos de las AFP se le suma el volumen de dinero que gestionan las empresas aseguradoras, las que llegado el momento administran estas pensiones, añade Valentina Doniez, investigadora de la Fundación Sol.

Es tal el volumen de dinero que gestionan las AFP que la economía chilena podría explicarse en términos de las transferencias que llevan a cabo. Más del 58% de las inversiones se quedan en suelo nacional, constituyendo la principal inyección de liquidez de los grupos económicos que controlan las industrias más importantes del país: minería, forestales, banca o comercio minorista y que actúan «casi como monopolios dentro de ciertos sectores económicos», denuncia Doniez.

En cuanto a ese otro casi 40%, unos 86.000 millones de dólares, destinados a inversiones extranjeras (cerca de la mitad es absorbido por el banco Santander), el portavoz de la plataforma No + AFP, Mesina, señala: «Chile no tiene deuda, Chile tiene mucho dinero al punto que puede prestar ese dinero a los países de mayor desarrollo capitalista».

Reformas sobre la mesa

Entrevistada también para este reportaje, Jeanne Lafortune, profesora asociada de la
Universidad Católica de Chile, considera «totalmente indispensable subir la tasa de ahorro». Y en esa dirección un desacreditado Sebastián Piñera —que apenas cuenta ahora con el 6% de aprobación por parte de la población—, trataba de salvar los papeles subiendo de un 10 a un 16% la cotización de los trabajadores destinada a las AFP. Así, se pretende aumentar en un 20%, 66 euros, las pensiones de medio millón de hombres jubilados y en un 32% las de 350.000 mujeres pensionadas, lo que se traduce en más de 82 euros mensuales.

La medida no convence a la oposición, que prefiere que la totalidad de ese 6% vaya al sistema de reparto. Tampoco a la Fundación Sol ni al movimiento No + AFP, que critican las bases del sistema de pensiones y abogan por cambios estructurales: un modelo tripartito de reparto en el que coticen trabajador, empresa y Estado; complementado con un Fondo Técnico de ahorro que sentaría unas bases nuevas para la inversión. Esta hucha común no sería el equivalente a una AFP estatal, advierte Doniez, una idea que ya trató de impulsar el gobierno de Michelle Bachelet sin éxito.

La controvertida reforma del actual Gobierno se votará el próximo mes de marzo en el Senado, cámara que tendrá que decidir si se ponen en marcha las medidas. El tiempo corre hasta abril de este año, cuando Chile votará en plebiscito una reforma constitucional de la que muchos esperan que salgan también grandes cambios en materia de pensiones.