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Números rojos a fin de mes: el proyecto que busca consolidar el endeudamiento de los chilenos de cara a las demandas sociales

Fotografía: El Mostrador

El vivir con un salario que, en más del 50% de los chilenos, no supera los $ 400 mil y con pensiones bajas, implica recurrir al crédito, que se transforma en la única opción para la compra de bienes básicos como alimentos o remedios. No por nada Chile se inscribe como el país más endeudado de América Latina. El Gobierno ya inició un debate para desempolvar un proyecto que lleva años sin concretarse: la deuda consolidada, un registro que detalle las deudas de cada chileno. La iniciativa reduciría –a ojos de La Moneda– la poca conciencia sobre el nivel de deuda de cada persona y, más importante, de agobio económico.

Publicado por El Mostrador el 18 de diciembre, 2019

4,6 millones. No se trata de una asignación en bonos ni del gasto público para aumentar las pensiones. La cifra responde a los millones de chilenos que hoy le deben dinero al sistema financiero, de acuerdo a un estudio de Equifax y la Universidad San Sebastián. El número es abultado y no es antojadizo calificarlo así, porque tres décadas después de la apertura comercial del país, el Banco Central ha informado que el endeudamiento de los hogares chilenos ha llegado a un techo histórico.

En 2018, ese nivel de deuda se había elevado al 73%. Es decir, de cerca de 8,5 millones de personas activas en la fuerza laboral, más de la mitad no pudo responder por deudas durante al menos 90 días.

El vivir con un salario que, en más del 50% de los chilenos, no supera los $ 400 mil y con pensiones bajas, implica recurrir al crédito, que se transforma en la única opción para la compra de bienes básicos como alimentos o remedios. No por nada, Chile se inscribe como el país más endeudado de América Latina.

Y hoy ese escenario se ha vuelto clave para el Gobierno, que ya ha iniciado un debate mucho más acotado para desempolvar un proyecto que lleva años sin concretarse: la deuda consolidada.

El tema lo tomó en primera persona el Presidente Sebastián Piñera, quien lo deslizó en la agenda antiabusos que anunció el lunes 9 de diciembre en cadena nacional.

«Dado el avanzado trámite en que se encuentra el proyecto de ley de protección de datos personales, hoy existen las condiciones para avanzar en esta materia. Por ende, el foco de esta iniciativa debe estar en las personas, para que sean ellas quienes tomen conciencia, antes que nadie, de su situación financiera para luego poder entregar dicha información a los diferentes actores del mercado. De esta forma, al empoderar a las personas se fortalecerá la competencia, dado que los emisores tendrán mayor certeza al momento de evaluar un crédito», planteó Ortiz.

La industria espera que en las próximas semanas, junto con otros proyectos de mayor competencia al sector, como la portabilidad financiera, se oficialice el de un registro que detalle las deudas de cada chileno.

El tema no es menor, está estrechamente vinculado con los análisis que se han realizado durante estos dos meses desde el estallido social del 18 de octubre, porque dice relación con la demanda colectiva respecto a que a las personas no les alcanza para llegar a fin de mes. Así, el proyecto de deuda reduciría –a ojos de La Moneda– la poca conciencia sobre el nivel de deuda de cada persona y, más importante, de agobio económico.

Pero hay algunas consideraciones.

El investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, advirtió que el problema es que las autoridades han buscado la solución en el campo equivocado. «No es el mejor mecanismo para abordarlo. El problema de fondo es que con los bajos salarios y las bajas pensiones (…) es muy difícil que las personas tomen la deuda de una manera consciente. Además, hay un trabajo intenso de la industria financiera por captar deuda. Por ejemplo, lo hacen con estudiantes universitarios que, sin ingresos, pueden tener cuenta corriente», explicó.

En medio de la premura que le surgió al Ejecutivo por acelerar la iniciativa como medida paliativa de la crisis social, la pregunta que ha rondado en diferentes actores con intereses en el segmento del crédito es a quién busca beneficiar la normativa: ¿prestadores o consumidores?

Los intentos fallidos por regular la información de deuda han sido varios, incluidos los cuestionamientos y perdonazos a Dicom.

Una fuente del sector explicó que esto se ha dado porque todos los proyectos en el pasado han apuntado a beneficiar al sector privado: «Hoy el verdadero valor de la información no es el moroso, eso lo pueden saber todos, es aquel cliente con un espacio para ofrecerle más deuda».

Es importante aclarar, en medio del debate, que hoy sí hay información de las deudas, pero de manera desagregada. Todas las deudas del sistema bancario y del retail –casi al 100%– se informan en línea, asimismo las de compañías de servicios, como de celulares o autopistas. Pero quedan fuera de la información las mutualidades de crédito hipotecario, las cajas de compensación y los créditos automotrices, además del sistema informal.

El punto es qué pasaría si cada persona, mes a mes, viera una foto completa de su nivel de deuda y no parcelada como es hasta ahora.

El vicepresidente ejecutivo del Comité de Retail Financiero, Claudio Ortiz, afirmó que hay factores claves que tomar en cuenta. Puntualizó que establecer normativas permitiría «a las personas tener mejores condiciones en el mercado formal del crédito y contribuir a la reincorporación de más de 300 mil personas que están en el mercado informal de préstamos». Este último segmento puede tener tasas que doblan el capital inicial.

Ortiz puso otro punto sobre la mesa. El proyecto debe entenderse con el de Protección de Datos, pues si la información de cada RUT es propiedad de cada persona, los datos financieros no pueden ser la excepción. En el pasado, en el sector privado operó el lobby para ponerle un cortapisas a este tipo de iniciativas.

«Dado el avanzado trámite en que se encuentra el proyecto de ley de protección de datos personales, hoy existen las condiciones para avanzar en esta materia. Por ende, el foco de esta iniciativa debe estar en las personas, para que sean ellas quienes tomen conciencia, antes que nadie, de su situación financiera para luego poder entregar dicha información a los diferentes actores del mercado. De esta forma, al empoderar a las personas se fortalecerá la competencia, dado que los emisores tendrán mayor certeza al momento de evaluar un crédito», planteó Ortiz.

El gremio coincide con el diagnóstico de las organizaciones sociales, pues considera que es un problema multifactorial que se explica por al menos cuatro variables: el bajo nivel de ingreso de una parte importante de la población, junto con el constante incremento del costo de la vida, con el aumento que ha tenido en los últimos 20 años la canasta básica de una familia, que hoy incluye bienes y servicios que antes no existían. A ello se suman la educación financiera, que exhibe un gran rezago en el país y donde tanto el Estado como las empresas tienen responsabilidad, y todas aquellas situaciones de crisis e imprevistos que deben enfrentar las familias, tales como la cesantía y problemas de salud, entre otros.

Desde la Fundación Sol, Gálvez coincidió con la mirada de otros actores, en cuanto a que no se trata de ponerle una tranca al sistema, sino que la deuda «no sea una obligación» en la vida de las personas por la precariedad del Estado en ciertos servicios.

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, añadió que, hoy por hoy, ningún actor podría mostrarse contrario a la mayor transparencia del sistema y que, pese a los bemoles, la banca sí esta a favor de regular en la materia: «Históricamente hemos estado por una deuda única. Para un banco una persona que no paga es solo una carga en sus provisiones. Además, aporta a darle formalidad al mercado. Cuando vemos la construcción, por ejemplo, la mayoría de sus trabajadores se endeuda en sistemas que no tienen registro».

Desde el Banco Central también apoyan la iniciativa y explicaron que «existen varias experiencias internacionales que dan cuenta que aumentar la información crediticia de los hogares va en directo beneficio de los deudores. Esto es porque pueden acceder a mejores condiciones de financiamiento, así como también permite una autorregulación del endeudamiento a niveles que sean administrables por los distintos hogares».