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Flexibilidad laboral ¿a la medida de quién?

Columna publicada en The Clinic el 13 de agosto de 2019

 Valentina Doniez, investigadora Fundación SOL

Desde hace algunas semanas, el debate laboral ha ido tomando protagonismo en los medios de comunicación, redes sociales e incluso en los matinales.

De parte del gobierno se mantiene un enfoque tradicional orientado a la derecha empresarial, que ha buscado desde siempre maximizar los espacios de flexibilidad que tiene el empleador. Aun así,hoy observamos un girodiscursivo forzado para “vender” con bombos y platillos la flexibilidad como la solución a todos los problemas de los y las trabajadoras: mejorar la integración al mercado del trabajo, propiciar la “autonomía” y conciliar mejor la vida familiar con el trabajo.

Pero los argumentos utilizados perfilan un mundo de fantasía. El presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, por ejemplo, sentencia que el mercado del trabajo “grita flexibilidad”. El subsecretario del Trabajo, por su parte, repite una y otra vez el eslogan del gobierno: que “el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo”. A reglón seguido, nos dice que “se infantiliza al trabajador” cuando se expone su dificultad para negociar individualmente con su empleador. Luego, se cierra el argumento apuntando a que el mercado del trabajo debe adaptarse a los “millennials”, que ahora son ellos los que les dan órdenes a las empresas de cómo deben organizarse. Nos señalan que ellos son la medida del trabajo del siglo XXI.

Este ejercicio discursivo para moldear según sus propios intereses el mundo del trabajo es bastante perverso, porque hace recaer en el propio trabajador individualizado las cargas del sistema ¿Quiénes son en este contexto los millennials? Cabe aclarar que se trata de un concepto creado por expertos de marketing con objetivos de segmentar el mercado. En simple se refiere a la generación nacida entre 1981 y 1990, por lo que son jóvenes en la treintena. Lejos de la homogeneidad y poder que quieren vender los promotores de la flexibilidad, es imposible hablar de una generación sin aludir a las diferencias de condiciones para estudiar, trabajar y vivir en un país tan desigual como Chile ¿Habrá algo en común entre el hijo universitario de Larraín Matte y el hijo de un obrero de la construcción? Ambos se manejan desde el celular, pero más allá de eso su integración a la fuerza de trabajo será diametralmente opuesta.

Por eso resulta absurdo partir desde aquella o cualquier particularidad, que tergiversa el análisis, para resolver un tema general sobre el mundo del trabajo. En este sentido, el proyecto de reforma laboral oficialista se basa en dos supuestos con un marcado acento ideológico que deben ser examinados y debatidos, no asumidos como verdades a priori: 1) Que se necesita más flexibilidad laboral para resolver temas como la inserción laboral de ciertos grupos o para disminuir la informalidad, 2) Que existe igualdad de condiciones entre trabajadores y empleadores para negociar en el trabajo. Quizás esto parezca más o menos obvio para la mayoría de trabajadores y trabajadoras, pero las autoridades pretenden tapar el sol con un dedo.

Respecto a la flexibilidad, el gobierno omite interesadamente en las 63 páginas del proyecto una descripción de los más de 15 artículos sobre la materia que existen hoy en el Código del Trabajo. Se nombran sólo los “Pactos de Adaptabilidad” autorizados a partir de la reforma del año 2016, las Jornadas Excepcionales, además de las jornadas especiales de choferes y tripulantes de vuelo. Nada dice sobre la posibilidad del empleador de variar la jornada en casos excepcionales (Ius Variandi) o el inciso segundo del artículo 22, que exceptúa de jornada máxima ordinaria a algunos trabajadores y provoca en la práctica muchos abusos. De esta forma, es engañoso cuando dice que nuestro Código es “rígido”.

Por otra parte, en un contexto de alta informalidad, el proyecto gubernamental presenta como un beneficio la creación de contratos llamados de “formalización”. Estos, a costa de reconocer algunos derechos del Código del Trabajo como las cotizaciones de seguridad social, permite la existencia de un vínculo laboral que no garantiza un mínimo de horas para cada trabajador y donde elempleador se compromete a convocarlo con un mínimo de 24 horas de antelación. Con esto, se validan empleos precarios y por pocas horas que no permiten en general construir proyectos de vida sostenibles. Hoy existen más de 800 mil personas en Chile que trabajan en jornada parcial, pero estarían disponibles para trabajar a más horas. De estas, la mitad recibe 130 mil pesos o menos de remuneración, según datos recientes expuestos por Fundación SOL.

En cuanto a la forma de negociar las medidas de flexibilidad, 10 de las 11 propuestas por el gobierno se plantean como materias a tratar de manera individual. Sólo se señala comotema de negociación colectiva, el hecho de negociar un pacto de jornada anual (2.205 horas/año), lo que es superior al promedio de horas que actualmente se trabaja en Chile: 1.974 horas, una de las cifras más altas de la OCDE.

El gobierno,además, nos dice que ahora se podrá pactar una hora de entrada al trabajo más flexible, salir antes del trabajo adelantando el tiempo de colación o trabajando a distancia durante las vacaciones escolares, pero nada de eso está prohibido en el actual Código del Trabajo. Lo que no dicen es que se desestructuran totalmente los descansos semanales, se posibilita tener semanas trabajando más de 60 horas (cumpliendo el máximo de 180 horas al mes), se extiende a las zonas urbanas los pactos extraordinarios de jornadas con un máximo de 7 días continuos, se posibilita en algunos casos los trabajadores estén 13 horas en sus lugares de trabajo  y se elimina la norma que establece un mínimo de 30% de sindicalización para generar Pactos de Adaptabilidad, estableciendo en cambio que sea el promedio de sindicalización por tamaño de empresa (que en la micro es de 5,7%, en la pequeña 4,5% y en la mediana 12,6%, según datos presentados en el Informe del Consejo Superior Laboral de 2018).

Junto con esto,es urgente incorporar al análisis que la gran mayoría de los y las trabajadoras en Chile recibe sueldos muy bajos: el 50% gana 350 mil pesos líquido o menos al mes y sólo el 8,5% gana $1.000.000 o más. Si consideramos solamente aquellos que laboran en jornada completa, el panorama no varía mucho ya que la mitad recibe 370 mil o menos al mes.

En este contexto, la flexibilidad impulsada por el gobierno y los empresarios significa mayor intensidad del trabajo según los ritmos que el patrón defina. Un trabajador podrá reubicar su jornada para un empleador en 4 días a la semana, pero con los bajos salarios que se pagan tendrá mucha presión para conseguir un segundo empleo y no para disfrutar de tiempo de ocio o con la familia.

Bajo una supuesta preocupación de las aspiraciones de un grupo que quiere y puede definir sus tiempos de trabajo, se configura una situación que arriesga la seguridad de millones de personas. Qué duda cabe que la mayoría de los trabajadores quiere mayor autonomía del tiempo, como dice la OIT, pero para eso hay que debatir con criterio de realidad y no en base a artificios, que en realidad buscan disimular que se trata de un verdadero traje a la medida de los empresarios en desmedro de la mayoría trabajadora.