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FUNDACIONES SOL, NODO XXI E INSTITUTO IGUALDAD PRESENTAN ESTUDIOS Y PROPUESTAS EN COMISIÓN CAE

Nota publicada en Cámara.cl el 31 de julio de 2018

Un nuevo paso en su estudio sobre el sistema de financiamiento de la Educación superior con crédito del aval del Estado (CAE) dio ayer la Comisión Investigadora encargada del tema al contar para su análisis con el aporte de las Fundaciones Sol y Nodo XXI, así como con la visión del Instituto Igualdad.

En primer lugar fue el turno de Fundación Sol, que presentó un reciente estudio “CAE 2018: Endeudar para Gobernar y Mercantilizar”, a cargo de Alexander Páez y Marco Kremerman.

Entre las conclusiones se señaló que con la creación y la profundización del CAE se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de educación superior de Chile; se estableció un lucrativo nicho de negocio para la banca asistida por el Estado; y se implementó un dispositivo de control social sobre el presente y futuro de muchos estudiantes y trabajadores a través de la deuda.

Se destaca, así, que del total de recursos entregados por los bancos a través del CAE a las instituciones del educación superior donde se matriculan los alumnos, entre 2006 y 2017, asciende a 4,7 billones de pesos. En dicho período el Estado ha recomprado el 52,2% de los créditos con un sobreprecio de 26, 1%.

De este modo, se pasó en 2006 de un presupuesto de educación para el CAE de 2,4%, a representar en la actualidad un 26,5%, pese a coexistir con la política de gratuidad.

Alexander Páez explicó que el CAE representa la mercantilización de la seguridad social. “La ilegitimidad de CAE se sostiene en que no es una política pública que entregue beneficios a los estudiantes, porque los supuestos sociales y económicos que lo sostienen están distorsionados”, especificó.

Indicó que la realidad da cuenta de bajos ingresos, alta desprotección social, altísima desigualdad y vulnerabilidad financiera. “Por lo tanto, una política pública que no tenga como enfoque un sistema de seguridad social siempre va a estar precarizando a los beneficiarios de la política en el mediano y largo plazo. Tampoco se transforma en una inversión para la familia y los estudiantes, sino que más bien morosidad”, agregó.

Para la Fundación Nodo XXI, el CAE es un error del Estado, según lo explicó su director Víctor Orellana. “Hay un consenso del error de Estado que significó el Crédito con Aval del Estado, que fue un error que no fue puramente técnico. No es que fallaron algunas evaluaciones, tampoco es un problema moral, en el sentido que haya gente muy malvada que quiso hacer pasar a los jóvenes y a la educación por este calvario que ha sido el CAE, sino que es un error político de haber tratado de llevar adelante un proceso de masificación de la educación superior, a través del mercado y con recurso a la banca”, planteó.

Orellana estimó que se está creando un consenso -cree positivo-, para salir de manera ordenada de esto, “que supone racionalizar nuestra educación superior y una forma de financiamiento que no signifique deudas, que reconstruya la educación pública, que expanda la educación superior sobre la base de esa educación y sobre metas de desarrollo país”.

El investigador del Programa de Educación del Instituto Igualdad, Willy Kranch, expuso en la Comisión las consecuencias de la implementación del CAE, la discusión que ha generado y la nueva propuesta para su reemplazo.

“Y cómo la discusión que se da hoy en términos de reemplazo de proyecto del CAE por un nuevo sistema de financiamiento de educación superior debe considerar necesariamente la nueva realidad que vivimos como país, en particular, en términos de educación superior. Es decir, la discusión de un sistema de créditos para financiar parte de la educación superior, debe considerar que está la gratuidad también sobre la mesa y, por lo tanto, ese solo hecho hace que sea muy diferente la discusión a la que se tuvo cuando se implementó el CAE”, sostuvo.

En tanto, la presidenta de la Comisión, diputada Camila Rojas (IND), valoró el aporte de las presentaciones para generar consensos al interior de la instancia.

“Tienen que ver con un importante gasto fiscal que ha ocurrido por esta política pública con aval del Estado; una importante carga para quienes han adquirido este crédito y, por lo tanto, para los endeudados y endeudadas; y, además, un crecimiento importante de las instituciones de educación superior que se han visto beneficiadas con el CAE y que dependen en un gran porcentaje hasta un 75% de él. Entonces, creo que se van forjando esos consensos y que van a poder ser contemplados en el informe final”, concluyó.