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Un 40 por ciento de los deudores no pueden pagar el CAE

Nota publicada en Radio Universidad de Chile el 28 de mayo de 2018

Bajo el título de “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”, la Fundación Sol dio a conocer diversas cifras que entregan un panorama de la situación actual del CAE, destacando la gran cantidad de estudiantes que se encuentran morosos con la deuda.

Según el informe realizado por Marco Kremerman y Alexander Pérez, hasta el 31 de diciembre de 2017 se registraron 376.811 deudores del CAE entre estudiantes de Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP), Universidades Privadas y Universidades Publicas. De este total, entre egresados y desertores, 151.683 se encuentran morosos, lo que corresponde a cerca del 40 por ciento del total.

La mayoría de quienes no han cumplido con el pago corresponden a estudiantes de CFTs, IPs y Universidades Privadas, pues son estos los planteles que más alumnos con CAE tienen en sus matrículas.

Para quienes abandonaron sus carreras antes del egreso la situación de morosidad al parecer se hace más crítica, pues cerca de 116 mil estudiantes desertores se encuentran atrasados en sus pagos, lo que corresponde a cerca del 73, 6 por ciento.

Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, indicó que los únicos beneficiados con el crédito han sido los bancos y aunque se termine con el CAE el problema continuará para los deudores. Según señaló, para la banca esto ha sido un “negocio redondo y sin riesgo”, pues en un inicio el Estado se comprometió a subsidiar a los bancos con la compra del 25 por ciento de los créditos cada año, con un sobreprecio de 6 por ciento. Sin embargo, entre 2006 y 2017 se ha recomprado el 52 por ciento con un sobreprecio cercano al 21 por ciento, lo que significa un gasto de 640 mil millones de pesos.

En cambio, para los estudiantes, el economista afirmó que esto ha sido una pesadilla, pues “hipotecan su futuro, comprometen su capacidad de elegir, y, por tanto, la deuda es como un control para nuestras vidas”.

En el estudio también se indica que entre 2006 y 2017 el Estado ha gastado cerca de 4,7 billones, los que se han distribuido entre Banco BCI con un 5,9 por ciento, Banco Estado con 26,2, Banco Falabella con 2,1 por ciento, Banco Internacional con 0,9, Itaú Corpbanca con 28,7, Banco Santander con 1,6 y Scotiabank con 34,5 por ciento.

Kremerman afirmó que si bien en un inicio el CAE se puso en marcha junto a la Banca por la escasez de recursos del Estado, ahora ese argumento ha dejado de ser válido, pues con el dinero invertido hasta 2015 se podría haber entregado gratuidad a la totalidad de establecimientos públicos, mientras que lo pagado el año pasado era igual al monto destinado a gratuidad.

En el informe se señala que, aunque la implementación del CAE ha logrado cumplir con la promesa inicial de aumentar el acceso a la Educación Superior, el 70 por ciento del aumento se concentró solo en 20 planteles educacionales, los que pertenecen a los grupos Laureate, Santo Tomás, INACAP y Pontificia Universidad Católica. Además, entre esas 20 casas de estudios se encuentran varias investigadas por lucro, como la Universidad San Sebastián, Autónoma, Central, del Desarrollo, entre otras.

Respecto a la distribución por comunas, el informe registra que existen una correlación entre “morosidad, ingresos y pobreza”, lo que significa que las comunas con menores ingresos en los hogares deudores es donde hay más estudiantes morosos.

Entre las zonas con mayor morosidad destacan Lo Espejo (44,9 por ciento), La Pintana (43,7 por ciento), Santiago (42,5 por ciento) y San Ramón (42,3 por ciento). Mientras que entre las con menor morosidad se encuentran Las Condes (26,7 por ciento), Vitacura (27 por ciento), La Reina (31 por ciento) y Providencia (32,9 por ciento).

Si bien durante los últimos años se ha disminuido la tasa de intereses en el CAE, estar en situación de morosidad provoca que los estudiantes pierdan esa rebaja, y al ser un crédito de consumo para los bancos asociados quienes contraen la deuda se arriesgan a sufrir el embargo de sus bienes o inmuebles, por lo que según el estudio este crédito se ha convertido “más que en una inversión en un gasto”.